Resulta una tontería darle mayor significación al Decreto de Emergencia Económica presentado el mesa pasado en alocución nacional por el novel ministro de economía Luis Salas. Ya la sola introducción le resta seriedad. Comenzar este instrumento político reiterando el cuento de la guerra petrolera, variante de la guerra económica, le quita solvencia. Los artículos del decreto dicen poco. Mucha palabrería huera para terminar por incrementar el precio de la gasolina, los impuestos y los tributos, mientras reducen el gasto social, entre otros aspectos.
Lo de la utilización de ahorros durante 2015 para ser destinados a las misiones sociales, establecido en el artículo 1, donde se indica que sería: “Con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano”, expresa una maniobra que esconde que el asunto real es que no tienen con qué cubrir esos gastos ante la reducción de la captación fiscal proveniente del petróleo. Dejan a un lado que en 2015 el déficit fiscal estuvo en el orden de 25 % del producto interno bruto. Por lo que no se entiende eso de los ahorros en 2015. El déficit para 2016 estará por encima de 25 % del PIB, por lo que difícilmente se pueda cubrir buena parte del gasto social. Particularmente salud y educación parecen condenados a sufrir reducciones que afectarán a buena parte de la población producto del deterioro de esos servicios.
Resulta llamativo que son tres los artículos del decreto (5, 6 y 7) que aluden al asunto de las importaciones. Esto es, parecen preocuparse más por las importaciones que por la producción nacional.
Además de eso, el decreto apenas indica alguna que otra intención, como la de: “Adoptar medidas necesarias para garantizar la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional”. Emblema que busca afianzar la entrega del país al capital internacional, dado un orden jurídico que, mientras permite la quiebra de la producción nacional, garantiza de manera antinacional los beneficios de la inversión extranjera.
Entendemos que se trata de afianzar el camino iniciado por Chávez con el decreto con rango, valor y fuerza de ley de inversiones extranjeras que garantiza condiciones de beneficios y de repatriación de capitales al país de origen más que favorables al inversionista foráneo. Aun así, con todo y la seguridad jurídica que le brinda el régimen al capital internacional, el inversionista extranjero busca negocios principalmente en el sector petrolero, de extracción de minerales, telefonía y uno que otro servicio. No invierte en la industria. No le interesa, toda vez que Venezuela es demandante neto de bienes finales. Se abocan los inversionistas, sobre todo los chinos, a extraer riquezas petroleras, mineras y una que otra materia prima y nos venden bienes finales manufacturados.
Eso sí, mucho del decreto busca centralizar en el Ejecutivo decisiones económicas que pudiesen ser de envergadura, como el incremento en el precio de la gasolina, concertación mediante con la oposición parlamentaria, muy a pesar de la caída de la capacidad de demanda de la gente. Con ello se hace el ejecutivo de recursos para atender en algo la brecha fiscal arrancándole al venezolano dineros que bien pudiese usar para adquirir algún bien, pero no toma medida alguna el Ejecutivo para aumentar la oferta de bienes y servicios. Una medida liberal llena de palabrería que busca justificar este nuevo golpe contra el pueblo. Además, esta centralización de más poder en manos del Ejecutivo seguiría siendo el acicate para chantajear a entes económicos mediante controles que benefician a los especuladores, importadores y el gran capital.
Con este decreto nada se abona para atender la crisis venezolana. Nada se dice, por ejemplo, sobre las relaciones con el sector externo, dada la implantación de términos que han profundizado el papel de Venezuela en la división internacional del trabajo, pues las importaciones sustituyen buena parte de la producción nativa producto de la competitividad que alcanza lo adquirido en otras economías a dólares sobrevaluados. Tendencia que se profundiza con la incorporación de Venezuela a Mercosur y la entrega de buena parte del mercado interno a la producción china y estadounidense. Circunstancia que de no ser atendida con sentido nacional, profundizará la crisis todavía más.
Este decreto no da cuenta de una de las determinaciones que afianzan la crisis, como lo es el porcentaje del presupuesto para el pago de la deuda pública que en 2015 se ubicó en 23 % del PIB. Lo que conduce a que no alcancen los recursos para cubrir demandas sociales. La deuda pública está por encima del 75% del PIB.
Nada se dice en relación con lo que significa la pérdida de ingresos producto de los acuerdos de doble tributación con los países más desarrollados del mundo, que representan más de 17 mil millones de dólares anuales, que bien pueden paliar los efectos de la crisis a la que nos ha conducido la política económica del chavismo durante tres lustros.
El decreto no dice nada, en términos concretos, acerca de una política económica para estimular la producción. Nada indica, por ejemplo, acerca de la canalización del ahorro social a la inversión productiva. Esto es, de forzar a la banca a cumplir su papel de mediador entre el ahorro social y la producción con base en el crédito barato, para que la banca se convierta en palanca para la concentración de capitales. Nada señala en torno de una política fiscal e impositiva que, mientras hay un incremento de la producción, por ende, de la oferta, haya mayor recaudación producto del incremento del impuesto sobre la renta, mientras se reduce el tributo y con ello aumenta la capacidad de demanda. No supone un cambio de la política económica.
En definitiva, se trata de un decreto que nos trae a colación la expresión shakesperiana, título de una de las piezas del célebre genio de las letras: “Mucho ruido y pocas nueces”. Más en criollo, el decreto es puro “buche y pluma”.
