Este cinco de enero de 2021, la atención de muchos, seguro estuvo centrada en la instalación de los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional. Las expectativas por saber las reacciones de los desalojados y las acciones de los nuevos diputados. Sin embargo, detrás de este cacareado espectáculo hubo otro que ocurría de manera paralela y discreta, como se hace con aquellas acciones que llenan de vergüenza y oprobio a sus ejecutores. Este acontecimiento es trascendental e importante para la vida nacional, porque significa mucho para la recuperación de la democracia en Venezuela, este hecho no es otro que la desaparición de la Asamblea Nacional Constituyente sin modificar la Constitución Nacional vigente.
Convocada de manera irregular e inconstitucional el 30 de julio 2017, en momentos de apremio para el grupo en el poder, ocasionado por las acciones insurreccionales y protestas violentas, en medio de un movimiento espontaneo, fueron también promovidas por los partidos VP, PJ, Vente Venezuela y otras organizaciones en ese momento identificadas con una salida extrema. La constituyente facilitó, junto con la represión y la desorganización de la oposición, una relativa estabilización del gobierno hasta nuestros días y, aunque no lo dijeron públicamente, era la oportunidad para consolidar un grado de hegemonía tal, que fuera imposible retornar a la democracia liberal. Este seria el “punto de no retorno” de su proceso “revolucionario”; no es casual que el presidente Chávez, líder del proceso bolivariano, lo había incluido como tema de campaña en su cuarto proceso electoral en 2012, indicando que para el periodo gubernamental 2013 – 2019, debería ser alcanzado, asunto que fue interrumpido por su muerte en marzo del 2013.
A propósito de la constituyente, el presidente Maduro y los dirigentes del partido de gobierno (PSUV) declararon en su oportunidad que los principales objetivos al invocar el poder constituyente eran ganar la paz: lo táctico y urgente; otro objetivo, modificar la Constitución: lo estratégico e importante. El primer objetivo estaba destinado a lograr la supervivencia en el corto plazo, lo cual lograron de manera audaz e inteligente; el asunto es que superada la violencia insurreccional opositora es necesario para el gobierno conjurar la recurrencia de acciones que periódicamente amenazaran su permanencia en el poder, este hecho no es otro que la obligación constitucional de hacer elecciones competitivas y el temido Referéndum Revocatorio.
Y es que el verdadero problema de la casta gobernante, no es otro que llegar al punto de no retorno, entendido como el establecimiento de una institucionalidad que haga imposible legal y constitucionalmente el ejercicio democrático en nuestro país y les permita continuar gobernando sin el consentimiento de la mayoría de la población. Por ello buscan afianzar un sistema de gobierno alejado del modelo de poliarquía, que prescinda del voto directo de cada ciudadano para la designación del presidente de la Republica o jefe del Estado. Algo similar al cubano, chino o vietnamita, en los cuales también se borra la ficción de la independencia de los poderes públicos.
Para el sector dominante, la asamblea constituyente era el instrumento adecuado para cambiar la vigente constitución que fue creada para un tipo de dominación carismática y un modelo distribucionista, rentista y clientelar, no para las condiciones actuales, en las cuales los ingresos públicos son escasos y la legitimidad del gobierno está por el suelo; en este contexto la Constitución y la figura del referéndum revocatorio se convierten en su espada de Damocles. No en balde, en 2016, impidieron la realización de un Referéndum Revocatorio, impulsado por la oposición, al suspender el Consejo Nacional Electoral (CNE), de mayoría oficialista, la etapa para la realización del convocatorio, argumentando acatar decisiones judiciales de un poder judicial absolutamente obediente al ejecutivo, que anulaba en algunos estados el proceso de recolección de firmas, simulando fraude por parte de la organización con fines políticos interesada: Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Sabido esto, la estrategia estaba clara para el PSUV, si querían perpetuarse permanentemente en el poder solo tenían que sustituir o alterar la carta magna de 1999. Sin embargo, la Constitución posee un doble sistema de seguridad democrática, y sus cerrajeros a punta de “coñazos” políticos y jurídicos, solo pudieron vulnerar el primero al convocar la Asamblea Constituyente sin consultar al pueblo. El segundo sistema de seguridad es que su aprobación la sanciona la votación popular, lo que les permitiría permanecer indefinidamente en el poder, principio que no pudo ser vulnerado. Y es que, de acudir a una consulta popular que no podían manipular, mucho menos ganar, su desconocimiento llevaría a un estallido social. A su vez, no se podría hacer frente a actores internacionales relevantes. Ante esta dura realidad se conformaron con usar la ANC en asuntos menores o tácticos como bloquear y baypasear el desempeño de la legítima y constitucional AN, instalada el 5 de enero de 2016 y, una vez desplazada la oposición intransigente del parlamento, disolverla, como en efecto lo hacen.
Incumplido el objetivo estratégico, el grupo en el poder sigue con la vital tarea pendiente debido a que la imposición de su modelo autoritario presenta una serie de restricciones estructurales, difíciles de superar en la actual coyuntura. Es que la cultura política democrática que aún persiste en la población, las cada vez más evidentes incoherencias de su narrativa de poder, insuficiencia de ingresos fiscales, una Constitución sustentada en principios liberales, y un entorno internacional relativamente hostil, han hecho difícil una estrategia de ese tipo. Arrastrando estas limitaciones, su emprendimiento autoritario se ralentiza y debilita con el pasar de los años y los procesos electorales; situación que se evidencia con los resultados de la pasada elección del 6-D, en que pese al triunfo atropellador del PSUV con 4.317.819 votos, de un partido con 6.581.322 inscritos, enseño su enorme debilidad, ya que sólo representan un 17% del Registro Electoral Permanente (20,7 millones), en medio de una abstención electoral del 69%.
En definitiva, la sobrevivencia de la «Bicha», como socarronamente la llamaba hasta el mismo Chávez a la Constitución, seguramente será un factor determinante, que de ser sabiamente aprovechado por sus enemigos y adversarios, pondrá al gobierno contra las cuerdas, en un contexto adverso de gran repudio popular. Es por ello que el gobierno, necesitado del ventajismo y fraude electoral, se deslegitima cada vez que lo aplica. Sin embargo, debe seguir en la estrategia de realizar comicios que parezcan competitivos, sin serlo. Sometiendo a la sociedad a situaciones, desde el 2015, desgastantes y estresantes que, de seguir dándose, podrían generar una tensión tal, que profundizará la crisis sistémica, poniendo en peligro el orden todo.
Evaluados el contexto junto con los resultados electorales del pasado 6-D, todo parece indicar que a la clase gobernante el ansiado punto de no retorno se les aleja, por ahora.
