Todos los seres humanos tienen derecho a elegir si casarse o no; a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos. Es uno de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) y forma parte de los Derechos Humanos (DD. HH.) que con igualdad y no discriminación deben tener todas las personas por el solo hecho de ser personas. Pero en la vida real, este derecho no está garantizado para la mayoría de la población. Este derecho incluye en sí un conjunto de atributos que lo convierten en integral y que obliga a los Estados a garantizar una política pública igualmente integral para que se materialice, que incluye, necesariamente, el derecho al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) -como preferimos llamarlo- legal, segura y gratuita.
Los DSR fueron aprobados por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 en El Cairo y en la Conferencia Internacional de la Mujer de Bejing de 1995. Sin embargo, la pelea por lograr que la IVE sea una práctica médica gratuita y segura para las mujeres, tiene una historia más larga. En noviembre de 1990 se desarrolló el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en San Bernardo, Argentina. En muchos países de Latinoamérica la IVE clandestina se ha constituido en una de las primeras causas de mortalidad en las mujeres, por lo que definieron declarar el 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe y que posteriormente ha sido conocido como el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, extendido a otras regiones del mundo.
La IVE es una medida frente a un embarazo no planificado y siempre es la última medida, luego de pasearse por otras opciones. Las mujeres no abortan por gusto. Su práctica está relacionada estrechamente con la ausencia de una educación sexual y reproductiva integral, la ausencia de métodos anticonceptivos disponibles en variedad y asequibles y la falta de programas de planificación familiar, adicional a otros problemas sociales que se convierten en factores de riesgo como los matrimonios forzados, la violación sexual, la prostitución, y la pobreza. Se calcula que en el mundo se presentaron entre 2015 y 2019, 121 millones de embarazos no deseados de los cuales 61% terminaron en IVE. En Venezuela, por ejemplo, los embarazos adolescentes aumentaron en un 65% entre 2015 y 2019, según el informe de Amnistía Internacional. Las investigaciones demuestran que la IVE es una alternativa para mujeres de cualquier estatus económico, aunque no se vive la experiencia igual si tienes acceso a una atención especializada privada o si tienes que hacerlo en condiciones de insalubridad en manos inexpertas como lo planteo más adelante. Pero adicionalmente es una opción para las mujeres sin importar si en su país es legal o no. Otros datos nos hablan de 55.000 IVE diarios y de esos el 95% se dan en los países más empobrecidos. De cada 8 muertes maternas por lo menos 1 se debe a complicaciones por IVE de forma clandestina o a través de malas prácticas y esta es una cifra conservadora, ya que cuando es clandestino, las cifras son no oficiales. Otras investigaciones hablan de que 1 de cada 3 muertes maternas es producto de una IVE. Esta situación de clandestinidad dificulta el conocimiento real de la dimensión de las consecuencias, vista su condición clandestina.
Por qué un día por el derecho a la IVE
La necesidad de establecer un día para concienciar sobre la despenalización de la IVE, para que sea legal y segura, radica en que forma parte de un derecho humano que establece la libertad para decidir tener o no hijos, cuántos tener y en qué momento tenerles. En este sentido, si existe como derecho la libertad para la decisión sobre la maternidad, la interrupción de un embarazo no deseado es una medida íntimamente relacionada con la garantía de ese derecho y la que lo materializa de manera nítida.
Las alarmantes estadísticas, aún no oficiales, suman hacia esa necesidad. Podríamos decir, que las mujeres pueden evitar quedar embarazadas, delegando en cada mujer la responsabilidad de manera individual. Pero para eso los Estados deben garantizar programas de educación en salud sexual y reproductiva integral y alternativa, que eduque con base en la libertad y de manera amplia sobre la sexualidad, abarcando la reproducción pero también la autoestima, el cuidado de su cuerpo, el placer, el afecto, las relaciones humanas y todos los aspectos que le son inherentes al desarrollo de la sexualidad, que es transversal a aspectos de índole político, cultural, social, económico, etc, para alcanzar una sexualidad libre, saludable y placentera que es también un DD. HH.
La responsabilidad de estas acciones es una responsabilidad social y por tanto de políticas públicas específicas desde el Estado, que debe garantizarlas.
Si estos parámetros que concretan una política pública integral no existen, se aumenta la necesidad de interrupciones en condiciones de alto riesgo, y sus consecuencias se convierten en una responsabilidad social y en un gasto social mayor. Los Estados, entonces, deben ofrecer las condiciones para que las IVE se den de forma segura, gratuita y sin criminalización. Y aunque existan todos los mecanismos antes mencionados, igualmente el Estado debe generar las condiciones para hacer efectivo el derecho a decidir si tener o no hijos, cómo y cuándo tenerlos porque, efectivamente, un embarazo no deseado puede ocurrir, por ejemplo, ante la falla de los métodos anticonceptivos.
Los derechos humanos son universales, no puede establecerse una política pública cuando una situación se presenta, sino que el Estado debe ofrecer todas las condiciones necesarias de manera previa, para que cuando la situación se presente, accidente o no, estén dadas las condiciones para su atención integral, en las mejores condiciones y sin ningún tipo de discriminación.
La IVE es un problema de clase
La interrupción del embarazo existe como procedimiento médico y de hecho existe como práctica constante. Como en la mayoría de los problemas sociales, en relación con la IVE, el principal grupo vulnerable es el de las mujeres pobres. Esto lo convierte en un problema de clase, es un problema económico. Las que no tienen posibilidad de pagar por la IVE en una clínica, con un médico especialista y con condiciones de salubridad, terminan acudiendo a lugares clandestinos sin medidas sanitarias o utilizan métodos arcaicos, antihigiénicos y altamente peligrosos para inducir la interrupción de un embarazo no deseado. A pesar de que no hay distinción económica para estar ante la necesidad de una IVE, sí hay una diferencia en relación a las razones específicas que llevan, muchas veces, a la decisión y a las complicaciones que produce su práctica cuando es insegura. Las que más mueren por IVE de forma clandestina son las mujeres con menos recursos económicos. Convirtiéndose en una forma adicional de visibilizar la brecha social, que diferencia a quienes tienen recursos económicos y quienes no.
Adicionalmente, se incluye el elemento jurídico del delito. Al no ser legal practicarse una IVE, las mujeres son tratadas como delincuentes, son judicializadas, señaladas y juzgadas legal y socialmente, pero aquí también hay una diferencia económica. Las mujeres que son encarceladas por IVE, son las que tienen complicaciones y luego de una práctica inadecuada deben acudir a un centro de salud público, son descubiertas y denunciadas. Las mujeres con mejores condiciones económicas logran vivir un proceso médicamente correcto y ya, no pasa nada, siguen su vida, nadie las señala ni las juzga y mucho menos las enjuician legalmente.
En el aspecto emocional individual de las mujeres, la afectación suele ser más pareja, porque la cultura y la sociedad han logrado instaurar la IVE, primero como un pecado y luego como un delito. Y aunque algunas tienen mejores condiciones para practicarlo y otras peores, todas son víctimas de la cultura y la sociedad, de los años de promoción de la IVE como negativa y socialmente condenada. Aunque la culpa suele incrementarse en aquellas mujeres, las más pobres, que sufren las complicaciones más dramáticas de la clandestinidad, si es que sobreviven.
Oponerse a la despenalización de la IVE y evitar que sea un derecho universal, gratuito y de calidad, es ser cómplice de las muertes a causa de su clandestinidad, pero también de naturalizar y sostener unas relaciones sociales con base en la desigualdad, empujando a las mujeres pobres a ser más pobres y a vivir las peores consecuencias de la pobreza, la criminalización, la esterilización involuntaria y la muerte prematura y evitable.
Educar sobre el respeto a la libertad y decisión individual sobre el cuerpo es promover los DD. HH., pero para que haya libertad debe prevalecer la igualdad. La despenalización de la IVE es un paso para alcanzar la igualdad, porque hacerlo legal no obliga a ninguna mujer a practicarlo, si desea y puede ser madre al quedar embarazada. Pero no obliga a ninguna mujer a ser madre, si no puede serlo, aún si quedó embarazada y no haya sido su planificación ni su decisión. La despenalización de la IVE nos nivela por lo menos un poco la balanza de la desigualdad entre las mujeres. Es necesario hacer el análisis de este tema de forma concreta, tomando en consideración las múltiples determinaciones que pueden incidir. No podemos decidir apoyar o no la IVE como medida y como DD. HH., desde nuestra propia realidad. Los análisis de las realidades sociales deben darse sobre la realidad de quienes están más afectados, cómo lo viven, cómo se le presentan los problemas, cuáles son sus alternativas para atenderlos, hacer empatía, pensar en sus condiciones objetivas y subjetivas y, solo desde allí, tomar partido. Los embarazos no planificados no son un problema menor. Conocemos por aproximación los datos y dan cuenta de un problema de salud pública, por lo que su atención debe ser integral. Resulta completamente acertada la consigna que han levantado las mujeres en tantos años de lucha por la despenalización de la IVE: “Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Continúa la lucha y será ley.
