“Nosotros como Entidad de Atención no recibimos un medio del Estado. Recibíamos cuando existía el Inam, que teníamos un convenio (…) teníamos el comodato de la casa y adicional el funcionamiento, porque por cada niño trimestralmente nos daban una partida. Después que el Inam desaparece, no hemos recibido nada del Estado”. Este es el balance de la directora de una Entidad de Atención, donde brindan protección integral a niños y niñas que no pueden estar bajo el cuidado de madre, padre o responsables. Lo que antes se conocía como Casas Hogares.
El comentario es parte de una entrevista para una investigación que hicimos para Cecodap y que presentamos al público el 4 de diciembre, acerca del funcionamiento del Sistema de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA). Es la clarificación del retroceso del sistema de protección para esta población en Venezuela.
La realidad actual no tiene punto de comparación, ni siquiera con el Sistema Tutelar del Menor que existía antes del año 2000 cuando entra en vigencia la Ley Orgánica para la Protección de NNyA (Lopnna). Un proceso regresivo en materia de protección integral de la niñez y adolescencia, paradigma que plantea la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN).
El Estado venezolano ha privatizado la atención de la infancia en el país. Esa atención, que es su obligación principal, recae hoy en manos de ONG, Fundaciones y organizaciones religiosas, esto es un retroceso de dos siglos en materia de protección social.
Recordemos que es en el siglo XIX cuando comienza a hablarse de la seguridad social. Se atribuye a Birsmark en Alemania y a Beveridge en Reino Unido, ser promotores de un nuevo modelo y pioneros de la Seguridad Social. Sin embargo, esto no es exacto. Antes de ellos, socialista ya habían avanzado en su discusión. Eran, además, las exigencias que movían a los obreros y obreras a la huelga y a la lucha por condiciones de trabajo. El propio Birsmark decía: “Es necesario un poco de socialismo para evitar tener socialista”.
Así, la protección social por parte del Estado se convirtió en una alternativa para poner freno a la clase obrera en medio de la revolución industrial. En 1917 con la revolución de Octubre, en la naciente Unión Soviética, se logró implementar por primera vez un Sistema de Protección Social de avanzada, con condiciones incluso mejores a las que hoy conocemos para las y los trabajadores y sus núcleos familiares. De la mano de Alexandra Kollontai los avances en materia de protección a la familia fueron impresionantes durante la revolución rusa. Fueron estos los preámbulos del Estado de Bienestar, Estado protector y/o Estado Social de Derecho y de Justicia que conocemos, y que en la Venezuela chavista ha dejado de existir.
Hace 20 años llegó el chavismo con un discurso impregnado de frases y consignas históricamente enarboladas por los socialistas y comunistas, que fue coartada para llegar al poder. Solo fue un discurso, panfletos. La realidad fue que sumió a Venezuela en una pobreza estructural, en una crisis humanitaria compleja, en una realidad social que parece insostenible, pero que aún los mantiene en el poder a costa de la muerte de los NNyA, adultos y ancianos; migración forzada o pobreza extrema de la mayoría de la población.
La práctica en materia social de este régimen está más cercana a la neoliberal, es decir, a la disminución o supresión del llamado «gasto social»; a privatizar sin necesidad de publicitar, todo los sistemas de atención a la población. Pero no es una privatización formal sino una privatización obligada. Su práctica reafirma que el socialismo fue la gran fachada, estafa para el pueblo que tenía una aspiración de justicia social. Ante su omisión descarada aparecen las respuestas solidarias, filantrópicas y caritativas, que son las que mantienen hoy a la sociedad en relativa paz, bajo ayudas paliativas para evitar que la población muera de mengua.
Es una realidad que vemos en las calles. Gente organizada para una olla solidaria, entrega de arepas, comedores para niños y niñas, pero también instituciones planificadas y con infraestructuras para atender lo que legalmente es responsabilidad y obligación del Estado, como las Entidades de Atención y programas especializados para atender psicológicamente a NNyA, sus familias y demás formas de atención a la infancia para su desarrollo y protección.
Dentro de los resultados obtenidos en la investigación, de los 56 programas identificados en el área metropolitana de Caracas, 68,4% son desarrollados con recursos privados. El resto, públicos y dependientes de alcaldías y/o órganos nacionales, están en una situación crítica por falta de presupuesto, de personal y alta rotación en virtud de la ola migratoria que afecta a todas las instituciones, sobre todo el área psicológica y especializada y la imposibilidad de sustituirlos por los bajos salarios que ofrecen.
Aunque hay programas, los que existen no son suficientes frente a la crisis prolongada y profunda que nos arropa. El 95% de los programas entrevistados para la investigación manifestaron no poder dar respuesta a la demanda social; están atendiendo el máximo de su capacidad y tienen que establecer mecanismos de ingreso para atender las situaciones más drásticas, es decir, las que requieren una atención urgente, por lo que no hay espacio para la prevención.
Adiós al enfoque de derechos humanos
Los Estados y los Sistemas Nacionales de Protección deben propender a la prevención y evitar la vulneración de derechos. Sin embargo, aquí no se previene y no hay capacidad institucional para atender cuando los derechos han sido vulnerados. Esto se convierte así en la revictimización institucional y en una violencia estructural para los NNyA y su familia. Se abandona el enfoque de derechos humanos y la atención vuelve a estar dirigida a la satisfacción de necesidades.
La más clara muestra la vemos en situaciones como el asesinato de Brayan Rico en Aragua, un adolescente de 13 años que aparece muerto por arma de fuego y que se hizo noticia por presuntamente haber sido líder de una banda delictiva. Se publican fotos del adolescente con armas de fuego y se indica que era «solicitado por asesinato, cobro de vacunas y extorsión».
¿Cómo es posible que un chico de 13 años ya haya matado gente? ¿Que tenga este prontuario y que ya a su corta edad, haya muerto asesinado? La respuesta es un Estado ausente e indolente, que no ha priorizado la prevención y que luego de creada toda una realidad de emergencia humanitaria compleja y de pauperización de su población, ha generado como alternativa de vida para la niñez y juventud, la delincuencia, brindando las condiciones para que haya acceso a armas de fuego y cercenando cualquier vía de prevención y atención ante esta realidad al no crear una política nacional para los NNyA, no disponer de los recursos necesarios con prioridad absoluta, no fortalecer la institucionalidad establecida legalmente para esta población y abandonar completamente su responsabilidad principal en esta área.
La sociedad debe exigir los cambios
El Estado es responsable de la crisis social y económica que presenta como alternativa a los NNyA la incursión en bandas criminales; que haya acceso a armas de fuego, que no haya prevención y falte la atención. Es también el responsable de la vida y la muerte de Brayan Rico y de la de todos los NNyA que están hoy participando en una banda criminal y están muriendo por esta razón. Es responsable de la muerte de quienes, en manos de estas bandas, pierden la vida como Mónica Spear hace 4 años y de José Castillo y Luis Valbuena este mismo mes. Pero también es responsable del resto de muertes de la infancia por pobreza, desnutrición, falta de medicamento y crisis en servicios de salud, abuso sexual, violencia intrafamiliar, etc.
Pueden excusarse en que la familia tiene una cuota de responsabilidad. Pero cuando el Estado abandona a su población como lo han hecho en los últimos 20 años, no hay familia que, sumida en una pobreza extrema y estructural, pueda brindar la contención necesaria para lograr el desarrollo de su núcleo. El abandono del Estado se convierte en una violencia institucional y estructural y esto lo hace el único responsable.
Como sociedad somos responsables si no exigimos que esto cambie, si no denunciamos, si nos ensimismamos y apertrechamos en lo individual y en nuestros hogares. Como sociedad somos los llamados a pelear y luchar un presente y futuro mejor para los niños, niñas y adolescentes. Quedarnos callados no puede ser alternativa, no podemos ser cómplices. Podemos organizar ayudas y respuestas, pero la respuesta de las ONG, fundaciones y agrupaciones religiosas no será suficiente para contrarrestar el deterioro. Debemos denunciar y exigir al Estado que asuma su responsabilidad, o crear las condiciones para que esté régimen cambie, y con él, cambie el Estado en favor de los necesitados y particularmente de los NNyA.
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