Nuevamente se nos superpone un asunto de urgencia y debemos dejar a un lado la agenda establecida. Y es que resulta prioritario dar cuenta de la fulana Ley Antibloqueo, que busca convertir a todo el país en zona económica especial (ZEE). Ese perverso esquema para la explotación humana y de los países, propio del siglo XVIII. A la desregulación total se le brinda un carácter supraconstitucional.
Lo que aplican en el Arco Minero, que es ZEE, buscan aplicarlo a todo el país. El Decreto N° 2.248, del 24 de febrero de 2016, que define como Zona Estratégica de Desarrollo Nacional Arco Minero del Orinoco, es muy claro al respecto.
Para facilitar el asunto el gobierno adoptó la fórmula del capitalismo chino de las ZEE. Una manera de desregular radicalmente las economías en determinados territorios para el proceso compulsivo de acumulación de capitales: rebaja sustancial de impuestos y aduanas, permisos expeditos, anulación de leyes laborales, eliminación de restricciones ambientales. Todo y más. Se vuelan de un plumazo todos los derechos ciudadanos. Con ello, el régimen de mafias, hace de las suyas en el arco minero. También se implanta una zona militar especial. El Decreto establece que quienes se opongan a él, se ubican contra los “intereses nacionales”, por lo que pueden ser tratados como tales y de manera también especial.
Le han sido reasignadas grandes minas de oro del país en el arco a Gold Reserve de Canadá, pero de capital ruso. La misma que había sido sancionada por los daños causados en la reserva de Imataca. Además, se han concretado acuerdos con empresas chinas. Otros protagonistas en el Arco Minero son las compañías militares. Entran en el negocio en tanto representantes del Estado venezolano. CAMIMPEG es la empresa emblemática.
Una diferencia es que, mientras los chinos adelantaron esta política criminal contra su pueblo, con un sentido nacional imperialista, el chavismo lo hace para la entrega, sin sentido patrio alguno.
Así, la fulana Ley Antibloqueo forma parte de los instrumentos jurídicos de entrega de la soberanía y las riquezas del país al gran capital. Claro, eso, durante el chavismo ha sido una tradición. A la coletilla colocada en el artículo 303 de la Constitución, que supera la nacionalización chucuta del petróleo, se le une ahora esta Ley que la supera aún más. Recordemos la mentada muletilla en el artículo en cuestión: “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S. A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela. Con ese agregado, vale todo, privatización mediante.
Con la eliminación del doble tributo; el 301 de la Constitución, que establece el trato igual a los capitales nacionales y extranjeros; junto a otros principios fundamentales del liberalismo plasmados en los artículos 311 y 312; las leyes de protección y promoción de inversiones extranjeras, entre muchos otros aspectos, puede resultar un tanto exagerada esta nueva Ley. Es que ya tienen una base jurídica para la entrega. Pero van al extremo para brindar más confianza todavía.
La fulana ley
Durante estos días han proliferado opiniones al respecto, como era de esperarse. Pero no se aprecia que se vaya a lo esencial del asunto.
Se trata de una medida abiertamente dictatorial para profundizar la entrega de la riqueza nacional sin que haya información al respecto. Se busca quitar a un lado toda restricción para negociar. Como buscan quedarse en el poder a toda costa, le brindan a los nuevos amos, chinos y rusos, principalmente, un patio para que saquen riquezas a sus anchas. Venezuela: ¡Zona Económica Especial!
Mucho de eso ya se vive. Si no, veamos la nula información oficial acerca de los desmanes en el Arco Minero. No solamente sobre el crimen ecológico y la explotación infrahumana de mucha gente, sino de lo que comercian y con quiénes.
Usar lo del bloqueo para promulgar este adefesio realmente es una desvergüenza. El chavismo siempre ha sido así.
Haciendo a un lado las cuestiones jurídicas y constitucionales, mucho de eso se ha dicho, tratemos de ubicar la intención real. El asunto es que Venezuela sigue en disputa. Un imperialismo sustituyó a otro. Una dependencia busca entronizarse y cambiar aquella. No se consolida y la otra, la estadounidense, busca rescatarla. De allí un mayor enredo.
Se trata de un instrumento para la desregulación y para evitar cualquier acción contralora. La categoría desaplicación, resume en buena medida la cosa. No se aplican leyes y reglamentos inscritos dentro de la Constitución y las leyes. Al menos en los aspectos fundamentales. Se deja a discreción del inversor el manejo de los asuntos. Lo que permite llevar a un extremo la entrega del país al capital financiero internacional, donde los chinos cuentan con el billete ganador.
Así, en los “Supuestos para la aplicación de medidas: Artículo 17. Cuando resulte necesario para superar los obstáculos… el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Esto es, se saltarán a la torera lo que sea necesario con tal de que el inversor salga contento.
En el “Informe Técnico. Artículo 18. La desaplicación prevista en el artículo precedente se realizará previo informe técnico favorable emitido por los ministerios competentes en razón de la materia, en el cual sea concluyente que tal desaplicación es indispensable para … la captación de inversión extranjera, sobre todo a gran escala…”. Se desaplica para captar capitales, eso es lo esencial. Parten fetiche de la inversión extranjera.
La guinda, “Límites. Artículo 19. La desaplicación de normas, solo será ejercida por el Ejecutivo Nacional…”.
En adelante la cosa queda más clara todavía. Meten una que otra frase sobre los intereses de la República y la cuestión social y esas cosas, para engañar a incautos que quedan. Sin embargo, se puede apreciar el asunto de manera diáfana. Como afirmó Luis Britto García, “no tiene ninguna medida específicamente contra el bloqueo”. Claro, no es para eso que se aprueba esta cosa.
También se aprecia la intención real en el Artículo 22, en el cual se “… autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para su protección…”. Más adelante, en el 23 se indica que: “El Ejecutivo Nacional podrá proceder a la organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado…”. Además, en el 24 queda más clara la cosa cuando se afirma que: “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior…”. En el 28 se llega al paroxismo entreguista. Dice: “Cuando resulte necesario para proteger sectores productivos fundamentales del país y los actores que participan en ellos, se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional”. Más claro, imposible. Se levanta cualquier restricción. Así como en el Arco Minero. Lo complementan aún más con el 31: “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad”.
Todo en secreto
Pero ahora la cosa es más secreta. ¡Se legaliza el secreto! Podrán hacer los negocios que les venga en ganas sin informar para nada a la ciudadanía. No habrá órgano alguno que pueda estar facultado para realizar la más mínima contraloría respecto de los negocios de la dictadura. Mucho después de hacer los negociados, podrán ser auditados. Quién sabe cuándo.
Así, en el 34: “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano…”. Luego: “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia…”. Acompañada con la amenaza: “La documentación calificada como confidencial, será archivada en cuerpos separados …la restricción en el acceso y divulgación y las responsabilidades a que hubiera lugar para aquellos funcionarios o personas que puedan infringir el régimen respectivo”.
Y en el 35 la cuestión es más clara: “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”. Y es que, “La infracción al régimen transitorio al que se refieren esta Ley Constitucional, estará sujeto al régimen de responsabilidades administrativas, civiles y penales según el ordenamiento jurídico aplicable”. El broche, la amenaza. La represión pues.
Se trata de una Ley inscrita dentro de la más aberrante política antinacional. No cabe dudas. En definitiva, convertir a Venezuela en una inmensa ZEE donde imperen de manera absoluta los intereses del gran capital. Crear condiciones para la sobreexplotación de los trabajadores, y borrar los límites para el extractivismo. Favoreciendo a la oligarquía internacional, principalmente china, buscan seguir en el poder. También se legaliza, todavía más, el régimen de mafias.
La fraseología de marras está presente, claro está. Aunque no se les ocurrió meter lo del socialismo ni una vez. Es raro. Debieron hacerlo. Engañan más.
Y es que se trata de una dictadura que para sostenerse cumple el dictado chino y ruso. Pero, a su vez, son señales para otros imperialismos. Más confianza imposible. Vengan con sus capitales que todo está cubierto. Apelan a la tal Constituyente que, por unanimidad, la aprueba.
Con este nuevo paso de la dictadura, ¿podrá haber alguien, con un pequeño asomo de sentido nacional, capaz de apoyarla?
Son tiempos que demandan de una política en defensa de la soberanía. De rescate del sentido verdaderamente popular de la política. La unidad contra la dictadura, supone la participación de sectores inscritos en esta política. Hay que salir de los bandidos, pero es hora de levantar banderas de autonomía y libertad.
