Cuando un niño mata, ¿se convierte inmediatamente en un adulto? ¿O mantiene algo de su infancia a pesar de la gravedad de sus acciones? Estas son preguntas que nos afectan a los venezolanos hoy y a nuestro sistema legal, ya que los actos violentos por parte de menores continúan haciendo titulares.
Hace un poco más de una semana a las tres de la mañana dos menores de edad -en situación de calle– asesinaron a dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana mientras caminaban por el bulevar de Sabana Grande.
Luego de leer esta noticia, pensé en examinar lo que puede aportar la ciencia sobre el tema de la edad de responsabilidad penal ante la ley. Considero que la imputación justa de la responsabilidad penal requiere la comprensión de una serie de conceptos interrelacionados, incluido el conocimiento del delito, la comprensión de la delincuencia y sus consecuencias y una apreciación moral de la conducta.
Tomados en conjunto, el desarrollo psicológico del niño y la experiencia vivida, el asunto parece complejo. El desarrollo desde bebé hasta la edad adulta implica un cambio de la dependencia a la autonomía. La edad de responsabilidad penal debe establecerse de manera que se tenga debidamente en cuenta tanto la complejidad subyacente como la adquisición de autonomía.
La pregunta fundamental es, ¿son los niños capaces de comprender las consecuencias de sus acciones? Tal vez no, estudios recientes sugieren que la corteza prefrontal del cerebro, responsable de la toma de decisiones, el control de los impulsos y el control cognitivo, está entre las partes más lentas del cerebro para madurar y no se desarrolla completamente hasta alrededor de los 20 años.
Además, un importante número de psicólogos ya ha demostrado que los adolescentes no son individuos totalmente responsables y están dispuestos a asumir riesgos y a comportarse de manera imprudente.
Según Nicholas Mackintosh, profesor emérito del departamento de psicología experimental de la Universidad de Cambridge, “la neurociencia ha demostrado que el cerebro continúa desarrollándose durante la adolescencia. La neurociencia añade a la evidencia que un niño de 10 a 15 años no tiene un cerebro adulto en muchos aspectos importantes”.
La investigación también ha demostrado que existe una gran variación entre los individuos y que la evolución de las partes del cerebro que se desarrollan más lentamente se asocian con cambios en las funciones mentales como el coeficiente intelectual, la sugestión, la impulsividad, la memoria y la toma de decisiones.
Por otro lado, la amígdala, un área del cerebro responsable de la integración entre la emoción (rabia, miedo, alegría, etc.) y la respuesta del individuo frente a un estímulo, se desarrolla durante la adolescencia temprana. Por tanto, el tema debería ser evaluado por científicos, abogados y especialistas en ética para la práctica futura del derecho, sobre todo para evaluar la edad de la responsabilidad penal y la sanción.
Como sociedad, estamos a favor del tratamiento de los delincuentes infantiles como adultos. Hay quienes creen que el crimen y no la edad del perpetrador debería ser el factor determinante en una sentencia, aunque siempre hay atenuantes. ¿Debe el sistema de justicia de Venezuela tratar a los menores violentos como adultos? El resultado final de un crimen atroz sigue siendo el mismo, no importa quién lo cometa. Nuestro sistema de justicia depende de que los delincuentes sean responsables de sus acciones.
Los niños de hoy son más complejos a una edad más joven, entienden las implicaciones de la violencia. Es absurdo argumentar que un joven, que ve el efecto de la violencia en su entorno, no entienda lo que realmente es la muerte. Por otro lado, se debe indicar que el sistema penal juvenil puede ayudar a los niños a cambiar sus vidas, la rehabilitación debe darles una segunda oportunidad. Muchos argumentan que la rehabilitación exitosa es mejor para la sociedad a largo plazo que liberar a alguien que ha pasado toda su vida adulta joven en la población carcelaria.
Es así que la Royal Society del Reino Unido, ha recomendado la colaboración de neurocientíficos y abogados para discutir los últimos avances en “las áreas de intersección de la neurociencia y la ley para identificar las aplicaciones prácticas que se deben implementar, referentes a los actos violentos por parte de menores de edad”. Más allá, las imágenes cerebrales (resonancia magnética y tomografía) y las pruebas genéticas se están introduciendo actualmente en algunos países junto a los procedimientos legales con el propósito de caracterizar al individuo.
La evidencia se introduce típicamente para apoyar la proposición de que un acusado debe ser excusado de la responsabilidad criminal. Sin embargo, estas imágenes aún no están ligadas de manera fiable a la explicación o predicción del comportamiento, y su colorida presentación y apariencia científica pueden estar sobrevaloradas.
