Hace una semana escribí sobre el maniqueísmo en la despenalización del aborto. En virtud del logro en Argentina de la medio-aprobación de la Ley para la interrupción voluntaria del embarazo, ello fue el resultado de mucha discusión, sendas manifestaciones, a favor y en contra, un proceso de participación de la sociedad en todos sus espacios organizativos y más de 1.000 ponencias de distintos profesionales en el marco de la discusión en la cámara de diputados. Esto ha generado que la discusión sea retomada públicamente en Venezuela. El artículo anterior tuvo muchos apoyos y reproches, entre otros, el más destacado es sobre la realidad venezolana para una ley de este tipo, en virtud de lo cual decidí escribir esta segunda parte.
La discusión debe darse porque supone un tema tabú del que pocos hablan, o por lo menos es así para quienes están a favor de la despenalización. Caso contrario con los que están en contra, que lanzan grandes testamentos cargados de juicios, agresiones y condenas, resguardados en la fe y la religión. La discusión debe darse porque es una deuda histórica con las mujeres, con la libertad, con la lucha contra la desigualdad, con los objetivos del milenio y con los derechos sexuales y reproductivos que son derechos humanos y que fueron asumidos por Venezuela en 1994 en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto (ver cuadro al final).
Pero en Venezuela, -en este caso es imperante este “pero”- el aborto como problema debe abordarse en dos vértices. Lo primero es generar la discusión, lo que permite generar conciencia sobre la necesidad de superar los supuestos metafísicos sobre asuntos de la vida humana, más cuando se tratan asuntos de justicia, del orden social y de la convivencia entre distintos. Se trata de algo relacionado con los derechos humanos de las mujeres, con la salud pública y su relación con el ámbito de lo político por ser público, por lo que requiere una resolución en políticas públicas y la asunción del Estado de su privilegiada responsabilidad, para garantizar la realización de los derechos humanos y la vida de sus mujeres (15.859.025 mujeres) que suponen el 50,24% de la población del país según datos poblacionales de 2016.
Despenalizar el aborto obliga al diseño de políticas públicas amplias, universales, inclusivas y estructuradas que vayan de la mano, obligatoriamente, con educación y prevención, planificación familiar y atención en salud de manera integral en caso de que el aborto se realice. Esto se expresa en la consigna por la despenalización del aborto de las mujeres latinoamericanas que se recuerda cada 27 de septiembre en el Día de la Despenalización del Aborto: “Educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y despenalización del aborto para no morir”. No se trata de debatir sobre el origen de la vida o la existencia de Dios, cada quien que asuma la posición que prefiera para su vida particular y privada. Se trata de que no se imponga como concepción de Estado ninguna ideología religiosa, y menos en uno que se asume constitucionalmente como Laico.
Es necesario agregar que no es democrático que un sector social imponga a otro una perspectiva -religiosa en este caso- sobre la vida humana, y mucho menos cuando esta perspectiva produce muertes (ver cuadro al final). Lo correcto es brindar a toda la población el acceso legal y seguro a la salud sexual y reproductiva y todo lo que ella implica, permitiendo ambas cosas, es decir, creer o no. Y que creyendo o no en cualquier religión o sistema de valores, tener acceso público y despenalizado a la salud en general. Es un derecho democrático que debemos conquistar.
Lo segundo, que resulta un tanto más elemental, es revisar si el país y el sistema de salud médico venezolano están en condiciones para asumir una ley de despenalización del aborto. Hoy la salud en Venezuela está en crisis, una crisis humanitaria compleja. El adjetivo “compleja” supone que la crisis se debe, entre otras cosas, a la acción u omisión del Estado venezolano, que no está cumpliendo su papel de gestor y gerente de políticas públicas en materia de salud. De allí que sea necesario resolver primero la desatención médica, inaccesibilidad de medicamentos, una salud completamente privatizada en la que todo los materiales, medicamentos e implementos deben ser costeados por los pacientes en los centros de salud «públicos», entre otros.
Debemos superar primero la muerte de los recién nacidos que en 2016 (último boletín epidemiológico publicado y que generó la destitución de la Ministra de ese momento), alcanzó a 11.466 neonatos, la mayoría por infección; debemos superar la muerte materna que fue en el mismo año de 756 mujeres, 66% más que en 2015; debemos superar el aumento desproporcionado de enfermedades erradicadas como la difteria que ha cobrado 142 muertes entre 2016 y abril 2018, todo esto debe ser superado previo a cualquier decisión. Esta lucha, aunque justa y necesaria por la despenalización del aborto, debe estar, particularmente en Venezuela, en el marco de una lucha más amplia por el rescate de la salud pública en general, porque estructuralmente, aunque tengamos la ley, está por sí sola no representará una solución.
Vale la pena está aclaratoria, y por ello me dispuse a escribirla, porqué lo que ha hecho este régimen despótico en sus 19 años de existencia política es disfrazarse con el traje de «demócratas», con la aprobación de grandes legislaciones que responden a las exigencias del pueblo. Efectivamente tenemos nuevas leyes, algunas de avanzada, pero cuando revisamos las estadísticas, esas leyes no se convierten en derechos ejercidos y garantizados para la población. Terminan siendo, como en efecto lo son quienes gobiernan, una farsa, un discurso vacío, la burla a las aspiraciones y exigencias del pueblo. Así como lo hicieron con “la revolución» y “la construcción del socialismo”, que se convirtieron en frases vacías, porque no hubo revolución ni hubo socialismo. Así parece querer hacer hoy con el aborto, convertirlo en una «bandera chavista», para atrapar a incautos en un debate que pretende excluir el asunto de la salud en general del foco púbico.
El gran engaño
El régimen ha tenido la posibilidad real en dos momentos de su historia para garantizar la modificación legal que le quite al aborto el adjetivo de criminal. La tuvo en su llamado a Referendo en 2007, cuando plantearon un conjunto de modificaciones a la constitución, pero en la que no incluyeron la despenalización del aborto. Y la tuvieron también en 2015 cuando tenían el control absoluto de la Asamblea Nacional con todos los diputados del chavismo y tampoco lo hicieron. Dos oportunidades maravillosas. Además, aprobaron la Norma Oficial de Salud Sexual y Reproductiva, que hoy también es letra muerta.
Si existiera el compromiso de avanzar en libertades y derechos para las mujeres, si existiera el compromiso genuino con la despenalización del aborto, el Gobierno lo hubiesen hecho. A pesar de contar con importantes movimientos feministas, que han levantado su voz para que este tema se incluya en la discusión pública y en el ámbito político, no ha sido un tema de interés para el chavismo gobernante. Hoy, como en los dos momentos mencionados, esos mismos movimientos han organizado manifestaciones públicas solicitando a la ilegítima ANC la despenalización del aborto. No puedo asegurar que existe ahora una idea favorable para su atención, que no sea la de distraer la atención de otros asuntos.
En cualquier caso, vale la pena decir que la posibilidad real para nosotras, las mujeres, de hacernos de una ley que nos proteja en nuestros derechos sexuales y reproductivos, que revierta la histórica apropiación social del cuerpo femenino para la reproducción, que siembre los cimientos para poder ejercer autonomía sobre nuestra vida y nuestro cuerpo, sin juicios morales y mucho menos legales, y que los supuestos de ley se realicen y tengamos real acceso a esas protecciones supone, necesariamente, un cambio de Gobierno. No será con este régimen que obtendremos tales garantías y libertades.
Es necesario entender que debemos establecer jerarquías en nuestras luchas, que no debemos permitir que las luchas por derechos especiales -validos, necesarios y justos- desdibujen la lucha principal, que es la lucha contra la dictadura, por la libertad y la democracia. Cuando obtengamos esa victoria, solo entonces, nos dedicaremos, con más posibilidad real de éxito, a exigir un cambio legal que nos incluya a todas. Sin verdadera democracia las mujeres no podemos tener garantías de inclusión de ningún tipo.
Foto: Contrapunto
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