Si medimos la correlación política en Venezuela con base en los eventos musicales realizados en la frontera y los duros eventos de este 23 de febrero, podemos concluir que reflejan claramente que la inmensa mayoría de venezolanos pugna por la salida de Maduro. No solo se trata de lo encrespada de la situación, sino del anuncio del cambio necesario y urgente. Difícil que el régimen salga de esta.
Por eso el ambiente no es el mejor para que estas letras sean atendidas. Además de la controversia que siempre supone hablar de las cosas económicas, son pocos los oídos que se prestan para asuntos polémicos cuando se trata de aspectos propios de quienes buscan salir del régimen. Más aún, el ambiente creado con los espectáculos realizados en la frontera, hace más difícil que podamos atender asuntos fuera de la mera política.
Son momentos en los cuales toda la energía debe ser orientada a salir de Maduro. Ciertamente razones no faltan. Además, la culminación de esta jornada en torno de la ayuda humanitaria, cuya eficacia política fue evidente, parece abrir hoy una nueva etapa en la lucha contra el régimen.
En sí misma es difícil la tarea. Se hace más difícil con el ambiente antes indicado. No es fácil formular observaciones al lado opositor sin contribuir para nada con el chavismo. Nada sencilla la cosa. Cualquier cuestión puede ser tomada como balde para el molino del chavismo. Sin embargo, atendiendo que se trata de asuntos vitales, nos atrevemos, siempre dentro de la idea positiva de fortalecer la propuesta de cambio con sentido nacional y popular. Además, perentorio es el cambio. Perentorio también es la formulación de una propuesta que allane el camino para la superación positiva de este estado de cosas.
Salir de la crisis supone ante todo ubicar su naturaleza y origen. Con base en eso es que podemos definir políticas que permitan eludir el camino ya andado y que condujeron al desastre. Eso supone otro debate. Uno previo. Somos de la idea de que las razones que condujeron a la crisis se encuentran en nuestra condición de país dependiente y semicolonial. Una de cuyas determinaciones es precisamente la deuda pública desproporcionada en relación con el aparato productivo y la naturaleza de los componentes del producto interno bruto. Esta condición es la que desembocó en la imposición de políticas durante las últimas tres décadas que fueron desertificando el aparato productivo. La industria, la agroindustria y el agro fueron cediendo espacio a la importación de bienes más competitivos, dentro de esa perversa lógica de la llamada globalización.
Otros, los más, pero no con la razón, que afirman que la crisis es derivación de los controles, expropiaciones y demás políticas de un supuesto socialismo o comunismo. Suman, quienes así piensan, que lo antinatura que resulta el socialismo, conduce a distorsiones en el mercado, la producción y en la economía.
La propuesta de la transición
Alguien decía en días pasados que se puede incidir en algo en relación con la propuesta del plan país, presentado por algunos sectores de la oposición. Tampoco esta tarea es fácil. Comenzar un plan de recuperación y reconstrucción de la economía con base en lo que determinan como origen de la crisis supone el desmontaje de controles y, a partir de allí políticas que permitan liberalizar el mercado en general y el de trabajo en particular. Luego, un rescate fondomonetarista, que anula cualquier posibilidad de torcer el rumbo trazado. Y es que cualquier acreedor va a pedir garantías, tasa de retorno, principalmente. A partir de lo cual se definen políticas que en nada permiten la recuperación. Lógico, entre las garantías está la formulación de políticas que conducen a que el porcentaje destinado a deuda sea suficiente para la honra.
La deuda pública tiene una vocación igualitaria como el que más. La sociedad toda asume el compromiso para honrar los acuerdos con los acreedores. La usura no tiene contemplación. Lleva al borde del precipicio al deudor. No se guía sino por los principios establecidos en los acuerdos. Cada integrante de la sociedad se aboca, muchas veces sin saberlo, a participar con su aporte… Desde su origen ha sido así. Se socializa el compromiso, como explica Marx.
«El sistema del crédito público, es decir, de la deuda del Estado, cuyos orígenes descubríamos ya en Génova y en Venecia en la Edad Media, se adueñó de toda Europa durante el período manufacturero. El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus guerras comerciales, le sirvió de acicate. Por eso fue Holanda el primer país en que arraigó. La deuda pública, o sea, la enajenación del Estado –absoluto, constitucional o republicano–, imprime su sello a la era capitalista… Y al surgir las deudas del Estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay remisión, cede el puesto al perjurio contra la deuda pública».
Claro, se crea toda una lógica que termina siendo una axiomática. En la práctica, los rescates de los países débiles conducen a la profundización de su condición dependiente y su afianzamiento en la cadena imperialista, jugando el papel que le asignan. Y es que la superación de la dependencia y la especialización pasa por la inversión productiva. Limitada por las condiciones a la que conduce la llamada honra de los compromisos adquiridos con el acreedor, se mantiene la escala de la producción de lo que se produce con relativas o absolutas ventajas. Aquello que precisamente demanda la base nacional de los acreedores. Así, se afianza una división internacional del trabajo que nos especializa y aparta de las perspectivas para la diversificación. Se mantiene el círculo perverso de la especialización que nos trajo a este desastre.
Superada la idea homogenizadora de la globalización, paradójicamente enterrada por las naciones imperialistas cuna de esa ideología, se mantiene en la propuesta en cuestión. Se afianza así la internacionalización del capital sobre las mismas bases para los débiles. La cambian para las potencias imperialistas.
De entrada, endeudar al país por más de cien mil millones de dólares. Además, 250 mil millones para la recuperación de la producción petrolera al volumen de 1999, a razón de 30 mil millones anuales durante 8 años.
Este rescate serviría para cuadrar las cuentas nacionales. Con ello se llevaría abruptamente la inflación a cero y se aumentaría la demanda efectiva y agregada. Se drenarían recursos para que el empresariado emprenda la aventura de la producción.
Todo esto sin cambiar la política con el sector externo. Se mantendrían los compromisos y las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
Así, se contribuye con la tendencia más perversa para la sociedad a escala mundial, la deuda pública y privada. Una de las contratendencias que realiza el capitalismo para frenar la caída de la cuota media de la ganancia, sobre todo cuando se hace dominante a escala planetaria.
Origen de los recursos para el pago de la deuda
La plusvalía se distribuye. De allí extrae el capitalista su ganancia. Una parte la destina al pago de impuestos. Otra, a las diferentes rentas. De la tierra, dinero. Otra, según el caso, al comerciante para garantiza su realización. La sumatoria de los impuestos sobre la renta, extraída de la explotación capitalista, sumada a los tributos, suman para la creación del presupuesto de ingresos. Mismos que servirán para pagar deuda. Si se debe restar las partidas para cubrir servicios para la reproducción de los trabajadores, como salud, educación, entre otros, se hace con tal de mantener la partida de pago de deuda.
Asunto fundamental para superar la situación crítica, supone un incremento de la capacidad de demanda de la gente. El incremento de la demanda efectiva permite que la realización de las mercancías guarde correspondencia con la necesaria rotación de capitales y el consiguiente estímulo de la producción. Pero, siendo que el porcentaje del presupuesto para pago de deuda es cada vez mayor, ¿cómo elevar la capacidad de demanda social?
Además, difícil elevar la producción mientras no se protege la producción interna. Recordemos que se mantienen las normas impuestas por la OMC. Esto es, el libre mercado.
Sumemos que la República ha acordado con 38 países acuerdos de doble tributación que en la práctica suponen la eliminación del principio de territorialidad para el pago de impuestos. Instrumentos que reducen significativamente la capacidad recaudadora del Estado venezolano. Estos decretos leyes promulgados por Chávez deben ser derogados. Perspectiva que difícilmente sea atendida habida cuenta del carácter liberal del plan.
De otra parte, la presión tributaria se incrementará en correspondencia con los compromisos adquiridos. Debemos partir de que junto a la deuda se desarrolla el sistema impositivo que permita la honra. Este es un asunto histórico. Desde su origen la deuda viene acompañada por una política fiscal e impositiva en correspondencia. Y es que, dice Marx:
«Como la deuda pública tiene que ser respaldada por los ingresos del Estado, que han de cubrir los intereses y demás pagos anuales, el sistema de los empréstitos públicos tenía que tener forzosamente su complemento en el moderno sistema tributario. Los empréstitos permiten a los gobiernos hacer frente a gastos extraordinarios sin que el contribuyente se dé cuenta de momento, pero provocan, a la larga, un recargo en los tributos. A su vez, el recargo de impuestos que trae consigo la acumulación de las deudas contraídas sucesivamente obliga al gobierno a emitir nuevos empréstitos, en cuanto se presentan nuevos gastos extraordinarios. El sistema fiscal moderno, que gira todo él en torno a los impuestos sobre los artículos de primera necesidad (y por tanto a su encarecimiento) lleva en sí mismo, como se ve, el resorte propulsor de su progresión automática.
«El encarecimiento excesivo de los artículos no es un episodio pasajero, sino más bien un principio… Pero, aquí no nos interesan tanto los efectos aniquiladores de este sistema en cuanto a la situación de los obreros asalariados como la expropiación violenta que supone para el campesino, el artesano, en una palabra, para todos los sectores de la pequeña clase media.»
Así, la deuda pública compromete una poción en correspondencia del presupuesto de gastos de un Estado. Mientras mayores son los compromisos, mayor ese porcentaje. De ser necesario, como en efecto son más las veces que se debe hacer, se reduce el presupuesto de gastos en servicios como salud, educación, entre otros. A momentos hay que liquidar empresas estatales. O bien, se privatizan servicios públicos. Hasta el agua ha de ser privatizada, como se desprende en el proyecto.
Luego, la deuda se convierte en un negocio redondo para los acreedores. Es garantía la presión tributaria, el impuesto sobre la renta. Si el riesgo aparece, allí está la maquinaria jurídica y militar para el embargo. Las riquezas de un país se convierten en prenda.
La deuda mundial anda bordeando los 70 billones de dólares. Para ser más precisos, según el último informe del Fondo Monetario Internacional de finales de 2018, la deuda mundial pública más privada suma 184 billones de dólares. Esto representa alrededor del 225% del PIB mundial. Con este plan, Venezuela brinda su aporte a esa tendencia que conduce a que la deuda represente más de 20 mil dólares por cada habitante del planeta.
Así, incidir en este plan implica, ante nada, hacer que no sea centrado en una deuda que hipotecaría aún más nuestro futuro y restaría posibilidades para la reconstrucción.
El ahorro social debe ser calculado. Su canalización y orientación a la inversión productiva debe ser la principal palanca para la concentración de capitales. El aparato productivo debe ser protegido. La elevación de la producción supone el incremento de la recaudación y con ello de la inversión productiva sin afectar los servicios públicos. Deben revisarse acuerdos como los de eliminación del doble tributo con lo cual se pueden alcanzar más de diez mil millones de dólares anuales en impuestos. Esas son las bases para un plan para la reconstrucción con sentido popular y nacional. Un plan para el desarrollo. Eso sí es una alternativa positiva.
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