Aristóteles deja servida la mesa para abordar el problema del valor de las mercancías, junto a una interrogante: ¿qué hace que dos mercancías distintas se igualen? Está claro el pensador heleno en que “la forma-dinero de la mercancía no hace más que desarrollar la forma simple del valor, o lo que es lo mismo, la expresión del valor de una mercancía en otra cualquiera”, afirma Marx. Cosas cualitativamente diferentes se hacen equivalentes mediante el dinero. Pero el filósofo no logra establecer cuál es la sustancia que permite la relación de igualdad. Sin embargo, las cosas se igualan. Su fuerza, en la sociedad capitalista, no conoce límites. A la fuerza material que representa el intercambio de equivalentes, se le une la propia que representa el egoísmo que dimana de las relaciones sociales basadas en la producción y realización de plusvalía.
Los fundadores de la economía política, de la ciencia económica —Adam Smith y David Ricardo—, desarrollan la teoría del valor-trabajo siguiendo la sentencia de William Petty según la cual el trabajo es el padre de la riqueza, y la tierra, su madre. Con ello, dan una respuesta general a la pregunta del genio griego. Lo que iguala dos mercancías cualitativamente distintas es el trabajo. Se despeja así el camino para comprender el valor de las mercancías, su precio y sus variaciones. A pesar de las inconsecuencias de Smith y Ricardo, la teoría del valor-trabajo se eleva a su máxima expresión científica, con Marx. El tiempo de trabajo objetivado en cada mercancía determina el valor de cambio, y por ello la equivalencia está sujeta a esa magnitud en cada mercancía y se convierte en un asunto social que expresa una fuerza inconmensurable cuyo comportamiento se hace concreto.
La equivalencia se hace inexorable. La ley puede ser burlada durante un tiempo. Así como un cuerpo impulsado por un adminículo propulsor puede burlar la ley de la gravedad durante un tiempo —mientras esté a una distancia bajo la fuerza de atracción de un cuerpo celeste determinado—, de igual manera, un conjunto de medidas gubernamentales puede burlar la ley del valor durante un tiempo, el que dure la energía que supone tales medidas. Pero, pasado cierto tiempo de recomposición, emerge la fuerza de la ley afianzada por el espíritu de la ganancia a costa del dolor de los otros, sobre todo de los más necesitados.
Dos mercancías, frente a frente, con el mismo valor de uso —esto es, cualitativamente iguales, ya que satisfacen la misma necesidad— expresarán en el competitivo mercado diferencias cuantitativas en caso de que presenten distinto tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Esto explica la mayor competitividad asiática frente a la propia en los países que mantenían la hegemonía manufacturera. Se ha expresado en el desplazamiento de EEUU de la primacía mundial en la materia. Se expresa también en la afluencia de capitales de las grandes potencias imperialistas hacia China, en busca de una mayor cuota de ganancia frente a su alicaído comportamiento en las economías más desarrolladas hasta entonces. Menos valor y calidad similar, al menos. Menor precio por el mismo producto. Eso hace a un país más competitivo que otro.
En las circunstancias actuales la cosa luce muy sencilla. China se presenta como la nación más competitiva precisamente porque sus mercancías son las que cuentan con menos de este fluido. El capital variable —lo que invierte el capitalista en fuerza de trabajo, que es lo que arroja nuevo valor— es mucho menor que el similar en países de tradición industriosa. De allí que en ese país asiático —pese a aumentar la inversión en medios de producción, maquinarias y equipos, materias primas y materias auxiliares— la cuota de ganancia es mayor que la imperante en EEUU y Europa, por brindar una fuerza de trabajo más barata, disciplinada y reproducida en condiciones relativamente ventajosas.
Sucede que el Gobierno chavista encontró en China su mejor aliado estratégico. De allí que esa integración se convierte, a la postre, en el beso de la viuda negra. La dependencia de China en varias e importantes materias alcanza escalas ni siquiera logradas en tiempos de dependencia casi exclusiva del imperialismo estadounidense, que dejó toda una cultura pitiyanqui. Sumemos que tal alianza motiva un endeudamiento público que a la larga impone políticas como las que realiza el Gobierno actualmente contra el pueblo para garantizar el pago de la deuda pública —que según fuentes muy calificadas alcanza la mitad del presupuesto ordinario de 2016—. Es así cómo resultó un crimen contra la producción nacional integrarse con economías más competitivas, sobre todo a la china, aunque Mercosur nos hizo lo propio en su escala regional.
Pero resulta un crimen mayor una política cambiaría que favorece aún más al producto importado. A la larga, se impone la terca fuerza de la ley del valor y junto a ella la ética burguesa legitimada a más no poder por el economista: el precio más elevado es el del producto más escaso. Entretanto, los importadores —en una constante práctica para destruir la economía nativa— obtienen jugosas ganancias, poniendo sus ansias de riqueza por encima de los intereses del país. Y, por supuesto, contando con el interés y la complicidad de especuladores y pillos de la estructura burocrática del Estado que facilitan los negociados.
Importar bienes a dólar preferencial sobrevaluado conduce de manera clara a una gran distorsión. La mercancía se vende a un precio muy por debajo de su valor en el mercado interno. Pero se paga con dólares en su valor a los acreedores. El poder adquisitivo del dólar en el mercado internacional está sustentado en la propia economía mundial. Mientras, el dólar fijado de manera arbitraria, en nuestro caso, lo sobrevalúa. Medida que —usada de manera racional y guiada por el interés nacional— bien pudiese servir para un mayor desarrollo, importando medios de producción, por ejemplo, para hacer más competitivo el producto nacional, con un acertado control del mercado interno. Pero, en el caso que nos ocupa, se usa en función de hacer más competitivo al producto importado frente al nativo.
En los últimos tiempos, es la deuda pública, externa e interna, la que presiona para que los ajustes que adelanta el Gobierno conduzcan a la aproximación de los precios de muchos artículos a su valor de cambio, con el beneplácito de sectores diversos de la oligarquía y de sus agentes ideológicos y políticos. Las hortalizas resultan emblemáticas en este sentido. Otros rubros, por su parte —producto de la inflación y la consiguiente presión de demanda—, alcanzan precios muy por encima de su valor. Es así como el precio de muchos bienes alcanzan precios muy por encima del propio en otros países. Por ejemplo, el precio de un kilo de azúcar en EEUU se sitúa cerca de un dólar y en el mercado venezolano se ubica hasta en 4 mil bolívares, esto es, 4 dólares con base en el mercado paralelo.
La única mercancía cuyo precio no se aproxima a su valor es la fuerza de trabajo. El proceso de ajuste ha conducido a una caída de su precio muy por debajo de las condiciones de reproducción del obrero y de su familia. Recordemos que el valor de esa mercancía (el trabajo) se configura con base en el tiempo de trabajo socialmente necesario que requiere la producción de los bienes y servicios necesarios para que el obrero se reproduzca, como nivel mínimo: adquirir los productos de su dieta y pagar algunos servicios. Pero, sin duda, los más afectados son los trabajadores de los servicios, de la administración pública y de sectores de los servicios básicos de la población en general. El conjunto de los trabajadores de la sociedad venezolana sufre las consecuencias de una política gubernamental que busca a toda costa pagar la deuda. Por lo que la rebaja del gasto social alcanza su máxima expresión. La inflación logra camuflar esta estrategia junto a la farsa de la tal “guerra económica”.
Frente a esta ofensiva contra la familia venezolana, la Confederación de Trabajadores de Venezuela rechazó contundentemente la resolución Nº 9855 del Ministerio del Trabajo, de fecha 22 de julio del corriente, pues significa una brutal militarización de la actividad productiva nacional, sobre todo la referida a rubros alimenticios y en especial en lo atinente a las relaciones laborales, y una expresa violación de derechos constitucionales (arts. 87 y 89) y legales referidos al derecho al trabajo, contraviniendo flagrantemente principios y fundamentos de convenios internacionales referidos al trabajo forzoso (nº 29), a la contratación colectiva y a la libertad sindical (n 87 y 98).
¿Será útil la fuerza militar?
Así, mientras sufrimos en Venezuela una variación de precios al alza que empobrece cada vez más a la gran mayoría de ciudadanos, en otros países, al contrario, la tendencia es a la baja. Inflación, especulación y caída de la producción hacen que el alza de precios escale niveles cada vez más elevados. ¿La respuesta del Gobierno?: ¡militarizar!
¿Qué fuerza pueden tener los militares para resolver nada? Las armas parecen no frenar nada. Toda esa fuerza militar es nula frente a las leyes que rigen la producción y el cambio entre productores independientes. El terror puede durar un tiempo. Pero no es una fuerza económica capaz de hacer nada, así como nula es la fuerza militar frente a la descomposición del régimen y el rechazo a una forma de dominación que en algún momento se fortaleció tras la mascarada “socialista”.
Si recordamos la tradición de corrupción que han impuesto a la fuerza armada muchos de sus integrantes, es de esperarse que el fenómeno de la corrupción, en el mejor de los casos, sea mejor administrado pero en absoluto superado. Es de todos conocido que las más gananciosas cadenas de contrabando —como la de la gasolina— están en manos de los militares.
Hay cuestiones de alto tronío en la designación de Padrino López como superministro y la militarización que supone. La asunción de la responsabilidad del asunto más serio de la crisis venezolana por parte de la primera figura militar es multipropósito. Es un claro mensaje a la nación. Muy claro queda establecido que el hundimiento de la nave chavista los arrastrará a todos, en caso de que fracasen. Flotar significará continuar el mismo reparto del botín.
Pero también es un mensaje al poder oligárquico, al Fondo Monetario Internacional, a las bancas china, europea y estadounidense. Confianza brindan los militares al mundo de que su unidad es la concentración de la fuerza represiva contra la reacción popular. La protesta frente a la carestía y la escasez los encuentra unificados, adiestrados y con las herramientas y técnicas que demanda la represión urbana.
Por último, es un claro mensaje de la cúpula militar unificada y usufructuaria a cierta oposición amedrentada. La represión —una de cuyas expresiones más acabadas la resumen los presos políticos— encuentra en la circunstancia actual mucha pertinencia por parte de un régimen que, estando moribundo, busca superar el más serio escollo con la fuerza de las armas y la represión. Mensaje que encuentra entre los temerosos, uno de sus interlocutores.
A esta unidad cívico-militar no les basta haber llevado al país a una catástrofe de grandes proporciones que dejará sus secuelas más dramáticas en una generación infantil desnutrida. Ahora negocian para mantenerse bajo el argumento de que resumen la capacidad represiva y coercitiva para superar el escollo por la fuerza militar. Buen papel juega la fuerza militar contra el pueblo. La represión y el clima que de él dimana son un factor de contención. Pero ya vendrán tiempos en los cuales la gente, viendo que nada tiene que perder, superará las barreras que colocan para contener el descontento.
Para que la fuerza material que supone medidas gubernamentales positivas tenga una mayor duración, debería ser acompañada de otras determinaciones. De una parte, la fuerza moral y ética en correspondencia. Asimismo, un orden jurídico sancionatorio de delitos que buscan obtener beneficios particulares. Pero, sobre todo, de medidas que permitan la recuperación del aparato productivo. Implica, claro está, la adopción de una nueva política económica de carácter nacional y popular. Una política que obligue al sistema bancario a canalizar el ahorro social hacia la inversión productiva, lo que supone una tasa de interés baja, una cartera basada en el crédito productivo, entre otros aspectos. Una política tributaria que permita la elevación de la capacidad de demanda ciudadana. Una política fiscal progresiva. Que paguen más los que más beneficios obtienen, sobre todo de quienes los obtienen de la explotación de los trabajadores, de la usura bancaria y del comercio. Y, fundamentalmente, una nueva política con el sector externo de la economía que permita revisar procesos de integración que lesionan la economía nacional. Una política de importación de medios de producción, junto a una acelerada sustitución de importaciones sobre todo en el sector agrícola.
En el caso venezolano, tales condiciones son inexistentes. De una parte, por la esencia ética de las relaciones de producción y de cambio imperantes en la sociedad venezolana. Pero a ellas se unen, de manera potenciada, las propias del proceso de descomposición del régimen chavista. La corrupción de los de arriba se drena hacia abajo en el sistema del bachaqueo amparado en los cuerpos policiales y militares, por ejemplo. Lo que resulta un emblema de la putrefacción encuentra en la venta de las bolsas de comida distribuidas por integrantes de los Clap a precios de bachaqueo, una nueva expresión bastante creativa.
La militarización de la economía por parte del chavismo resulta una muestra más del talante fascio del régimen. Sin embargo, por la destrucción del aparato productivo, por el freno al desarrollo de las fuerzas productivas que supone la desindustrialización, se queda en el simple gorilato. El fascismo supone una planta industrial capaz de disputarse la hegemonía mundial. Por lo que esta experiencia venezolana refleja, estamos apenas ante una caricatura del imperialismo nazi. Lo imita mediocremente. Lo que nos hace recordar una vez más aquello de que la historia se repite… esta vez como comedia, como farsa.
Foto: por Jacobo García, Associated Press
