Pensar sobre por qué en nuestras sociedades, con tanto avance tecnológico y desarrollo de la humanidad, siguen apareciendo gobiernos dictatoriales, debe llevarnos a evaluar a la sociedad desde sus cimientos. Esto nos traslada a la infancia, y a cómo es el desarrollo y el proceso de crecimiento de los futuros adultos en nuestros países. Justo allí nos encontramos con relaciones sociales basadas en el poder y la dominación de unos hacia otros, relaciones absolutamente asimétricas. A diferencia de la autoridad, cuyas vías de ejercicio y establecimiento han sido erróneamente emparentadas con el ejercicio de la dominación, el poder de los adultos se impone a los niños y niñas, más pequeños y menos fuertes para defenderse. Entonces el adulto, por años de vida, por fuerza física y por capacidad económica termina dejando a los niños y niñas a su disposición, en sumisión e indefensión, confundiendo gravemente el principio de autoridad con el ejercicio del poder mediante la coerción.
Los niños y niñas crecen con la lógica con la que fueron formados, es lo que construye identidad, es allí donde se aprende a vivir. Entonces, si la crianza no propicia la autonomía y la libertad, sino la sumisión y la obediencia absoluta, no estamos promoviendo ciudadanos autónomos, base necesaria para la democracia, sino a una población que es capaz de soportar las peores experiencias de la dictadura. Pero el detalle más grotesco del análisis es que el poder no es asumido en sí mismo, sino que lo ejercen y se da a conocer a través de la fuerza bruta y la coerción. Así, como los gobiernos utilizan la cárcel y la tortura, los cuidadores de niños y niñas utilizan las puertas con llave y el maltrato.
Maltrato infantil, viejo problema social
Cada 25 de abril se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Es una fecha para concienciar sobre la existencia y permanencia de este problema social y ubicar estrategias eficientes para su disminución, en tanto afecta el desarrollo de los niños y niñas y automáticamente a la sociedad y su futuro.
Concienciar lo perjudicial de las prácticas vejatorias en la crianza y en la educación son el inicio del cambio. A nosotros aún nos falta un trecho largo para alcanzar procesos democráticos en estos espacios. Quizás en la escuela es un poco más fácil y posible alcanzarlo con rapidez, pero en la familia la cuestión se pone más cuesta arriba, porque la familia ha sido vista como un espacio privado, en el que puertas adentro los adultos deciden qué pasa y cómo pasan las cosas; los padres son dueños de sus hijos; son una especie de propietarios privados de un bien.
Siempre recuerdo la historia de Mary Ellen, la primera niña protegida por un juzgado tras ser víctima de maltrato por su cuidadora. Es un caso horrible pero marca el inicio de la protección a la infancia. En 1874 cuando una trabajadora social de EE. UU. conoció por medio de la denuncia de una vecina, que había una llanto repetido y constante de una niña, que además nunca salía de esa casa, la profesional se trasladó y encontró a una niña de 10 años en estado de desnutrición, desatendida y maltratada física y emocionalmente. Al buscar un juzgado para su protección se dio cuenta que no existían leyes para proteger a la infancia y debió, ingeniosamente, acudir a la ley de protección animal, que sorprendentemente sí existía. Para ese momento lo que los padres hacían con sus hijos e hijas era del ámbito privado y nadie debía inmiscuirse, porque los niños eran propiedad de sus responsables. Mary Ellen no vivía con sus padres biológicos, sino con una familia adoptiva. Así comienza la organización de personas en torno de la protección de niños y niñas.
Esto avanzó y la lucha por los derechos especiales para la infancia continuó hasta alcanzar en 1989 la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. En Venezuela, la Lopnna desarrolla los principios y el espíritu de ese tratado internacional, incluyendo el artículo 32 sobre el derecho a la Integridad Personal, referida a la integridad física, psíquica y moral. En 2007, en la reforma de esta ley, se introduce el artículo 32-A que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la agresión física y la humillación que pudieran ocasionarles las personas directamente responsables de la crianza y la educación.
A pesar del avance legal, el maltrato infantil sigue vigente como práctica cultural y social. Vivimos en una sociedad en la que el autoritarismo está muy presente y éste conlleva a adultocentrismo. Esto se transmite culturalmente, y es lo que los NNA aprenden como forma de relación y lo naturalizan, reproduciendo y generando un ciclo de repetición. Lo vemos claramente con el bullying de niños más grande hacia otros más pequeños.
Todos los días aparecen noticias sobre maltrato infantil en el ámbito familiar, en una situación de normalidad. Encontramos casos muy graves que llevan a la muerte como lo sucedido con Dayan Gonzalez en el año 2011 en Guanare, o con Joziel Cabaneiro, hace un mes en Antímano. Pero también, hechos de maltrato en los que aunque los NNA no mueren, les ocasionan lesiones físicas y psicológicas que afectan su desarrollo. Si a esta realidad le sumamos la situación actual de confinamiento nacional, los factores de riesgo se incrementan y las situaciones de conflicto se exacerban porque la convivencia se prolonga, las limitaciones económicas y el cambio drástico de la rutina acentúan los niveles de estrés. Cuando la familia es factor de riesgo, la escuela asume como factor de protección, pero ahora que no está, el desamparo se incrementa.
El Estado y la sociedad como responsables de la protección
Existe una deuda importante en materia de prevención, que debió iniciarse hace 20 años cuando entró en vigencia la Lopnna, debía abarcar todos los estamentos sociales, todas las instituciones públicas y privadas que tengan relación con la infancia, y debió involucrar a los medios de comunicación como vehículos de información masiva, para transformar las formas de crianza y de educación existentes. Aunque se hicieron cosas, no fueron suficientes, porque sigue prevaleciendo la cultura autoritaria, basada en la “ética” de la propiedad privada sobre la infancia. Adicionalmente, el Estado venezolano debió hacerse de un sistema de protección para la infancia que atienda las situaciones cuando se presentan, para poner freno y evitar su repetición, educar a madres, padres, representantes y responsables, tutores y docentes en estrategias de crianza respetuosa y democrática. Ese sistema, que sí existe, está totalmente debilitado y con una efectividad muy disminuida para la protección real de los NNA producto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la poca disposición política para convertir a la infancia en prioridad absoluta, una forma de maltrato infantil también, desde una perspectiva estructural.
En la coyuntura por el COVID-19 es imprescindible un sistema fuerte y dispuesto a asumir su rol, porque las crisis colocan en mayor vulnerabilidad a los más vulnerables, y los NNA cumplen ese perfil. El trabajo en red, la comunicación y la respuesta oportuna y certera son la clave para afrontar esta realidad. Sabemos del trabajo destacado de las ONG en la promoción, prevención y atención psicológica, pero para atender el maltrato infantil los organismos públicos son una pieza imprescindible.
También lo es la comunidad. Porque la cuarentena obliga a limitaciones de movimiento, por lo que la posibilidad de la denuncia, la solicitud de auxilio, se ve limitada para la víctima. Entonces, debemos recordar que los derechos de los NNA son de orden público, que como ciudadanos también somos corresponsables de garantizar y proteger los derechos de la infancia y que eso se traduce en construir una sociedad más autónoma y democrática, por lo que es fundamental asumir el rol de denunciante. Y a esto se debe unir la disposición de las autoridades para atender denuncias e iniciar procedimientos de oficio, ante la solicitud de los denunciantes de proteger su identidad por temor a represalias.
Los defensores de derechos y los consejeros de protección, así como los fiscales y los funcionarios policiales, deben asumirlo como una alternativa, atender como ciertas todas las denuncias que reciban y facilitar el proceso a los ciudadanos que decidan convertirse en factor de protección para los NNA que están siendo víctimas de maltrato. Y el Estado, desde sus principales responsables de la protección a la infancia, debe motorizar una política de emergencia para atender situaciones de maltrato infantil en confinamiento, reconociendo las limitaciones materiales y tecnológicas que pueden prevalecer en determinadas localidades. Esa sería una manera más adecuada de conmemorar el Día Internacional contra el Maltrato Infantil.
