Asamblea de profesores realizada el día 28 de setiembre en el auditorio de Farmacia colocó en el tapete varias cuestiones dignas de ser analizadas de manera perentoria. Dejando de lado los aspectos de la metodología del debate -el papel del director que interpreta una que otra propuesta, o del derecho que se arroga el presidente de Apucv de cerrar el debate con una nueva exposición que lo reabre- se trató de una muy buena polémica que permitió conocer cuestiones de alto tenor. Además de evidenciarse de manera muy clara la orientación política de la directiva de la Apucv en relación con la seguridad social y otros asuntos del gremio. La Junta Directiva se coloca a favor de la política crecientemente privatizadora, bajo una orientación clara, se identifica con categorías que resumen ese estilo tecnocrático para la atención de los problemas desde esta perspectiva. Ahora entendemos por qué nunca se ha desarrollado una estrategia que coloque al Ejecutivo nacional en el centro de la lucha para la obtención de recursos de nuestra seguridad social. Para nada sirve desde esta perspectiva, la Ley de Universidades ni la constitución de la República, que establecen principios fundamentales para la asignación de los recursos que garanticen condiciones materiales dignas para los profesores que les permita cumplir con su elevada misión. Parece ser que, desde la perspectiva de la directiva, echar mano al bolsillo de los profesores es suficiente, hasta llevarse el 28℅ del salario integral que devengamos, al menos ese es el drama de algunos profesores. Por lo regular, las políticas privatizadoras han sido enfrentadas por los gremios, con el objetivo de que el Gobierno cumpla con lo pautado en la Ley. ¡No es nuestro caso!. En vez de apoyarnos en el artículo 114 de la Ley de Universidades que establece: «Las Universidades deben protección a los miembros de su personal docente y de investigación y procurarán, por todos los medios, su bienestar y mejoramiento. A este fin, la Universidad establecerá los sistemas que permitan cubrir los riesgos de enfermedad, muerte o despido; creará centros sociales, vacaciones y recreativos; fundará una caja de previsión social, y abogará porque los miembros del personal docente y de investigación, así como sus familiares, se beneficien en todos aquellos servicios médicos o sociales que se presten a través de sus institutos y dependencias». D aquí se desprende, por ejemplo, que los nietos son familiares. Sin embargo el cálculo que hace la directiva, bajo orientación del especialista en política social y colocación de dinero y papeles en el mercado, es recurrir a la normativa interna y no apela a lo anterior ni al espíritu que debe reinar en un gremio. Pero la Apucv va más allá. Motu proprio los profesores universitarios hemos asumido la privatización de nuestras instituciones de seguridad social desde hace décadas. Estas ideas condujeron a que se previó en su oportunidad la formación de un fondo de pensiones y jubilaciones para la atención de este asunto, también hace décadas, aun cuando la jubilación nos la garantiza el Estado. Ahora existe un fondo en el limbo, pero se sigue nutriendo sin mayor fundamento jurídico. Algo así sucedió en relación con la seguridad social del profesorado, se crea un sistema de autogestión con cierta participación del Estado. Ese sistema resulta una carga demasiado grande para el profesorado. A la ofensiva del Gobierno contra el salario se une la política del gremio de cobrar crecientes primas por un seguro ya casi privatizado. Es más, sus primas y cobertura se aproximan al de cualquier institución privada de seguros. Sumemos el tren burocrático que se ha creado en su torno, que representa una carga sensible a ser cubierta por nuestro bolsillo. Entendemos que la directiva de la Apucv ahora reivindica que no es un gremio, si nos atenemos a las afirmaciones formuladas por el profesor Absalón Méndez. Resulta que: «La Asociación de Profesores se crea como asociación jurídica y adquiere su personalidad jurídica propia con la protocolización de su Acta Constitutiva Estatutaria. Los miembros de la asociación, es decir, los socios, adquieren tal condición por voluntad propia. La APUCV, a partir de la fecha de su creación, ha recibido el reconocimiento del Consejo Universitario, y representa a la totalidad de sus miembros inscritos, activos u ordinarios, jubilados y pensionados. La APUCV, se auto impuso una serie de atribuciones, algunas propias y específicas de una organización gremial: la lucha por la defensa del bienestar social de sus agremiados y el logro de cada vez mayores y mejores reivindicaciones laborales; pero, también, asumió la defensa irrestricta de la autonomía universitaria. Progresiva y finalmente, ha asumido obligaciones que corresponden exclusivamente al ente patronal: UCV, tal es el caso del CEAPUCV». Ahora podemos comprender la dicotomía de la directiva. Somos agremiados y socios. Somos gremio y entidad asociativa. De allí la ambivalencia. Lo que explica los criterios emanados que nos inscriben en la perspectiva de la bancarrota empresarial. Ciertamente, esa puede haber sido el fundamento inicial de la Asociación, pero su espíritu y funciones en el devenir, más en las condiciones actuales, son las de un gremio, las de un sindicato pues. Seguramente esa es la razón por la cual no asumieron la propuesta de marras al respecto. Es en este sentido como podemos comprender el manejo poco claro, por parte de la directiva, de una parte importante de nuestros activos bajo el argumento de una ingeniería muy particular. Somos de la idea de que el manejo de recursos del profesorado debe ser realizado con base en consultas muy bien tramitadas a sus socios o agremiados, lo que permite establecer un clima genuinamente democrático. Recordemos que democracia existe en tanto haya información en torno de lo que se decide. Además, el manejo de los recursos debe ser de tal tipo que pueda ser informado de manera clara, transparente y sin tacha alguna desde el punto de vista jurídico. Decimos esto con base en lo que se vertió al respecto por parte de quienes manejan estos fondos. Sin embargo, en uno de los escritos difundidos luego de la Asamblea, se reivindica como una salida muy sabia. Suponemos que son pocos los profesores que saben la historia de la caja de ahorros. Creemos que eso debe ser recreado. Muchos profesores jóvenes no conocen la historia y particularmente el evento a partir del cual dejamos los profesores de percibir los intereses generados por nuestros ahorros. Además que, según se dijo en la Asamblea, buena parte de esos recursos fueron convertidos en dólares, con los cuales se viene cubriendo parte del déficit de las instituciones que forman parte de nuestra seguridad social. Esas cosas deben ser conocidas y aclaradas. Claro, el profesor Méndez lo presenta como un logro. Lo cierto es que la caja de ahorros sirve también para cubrir nuestra seguridad social. No solo nos reducen el salario. También nos quitan los intereses que devengan nuestros ahorros. Un 20% de nuestro salario integral. ¡Vaya! Esperamos que estos recursos en depósito en bancos en el exterior no sean alcanzados por la tendencia mundial de la implantación de tasas negativas y terminemos pagando a estas entidades para que mantengan nuestros ahorros. Confiamos en que de eso ya deben de haber aprendido bastante. Queda claro que la orientación de la directiva de la Apucv encuentra su fundamento teórico en ideas tecnocráticas presentadas en sendas comunicaciones, una de ellas firmada por el profesor Absalón Méndez. Allí se establecen claramente los parámetros que reinan en la directiva. Por ejemplo, se afirma que el Ceapucv es una institución privada y depende de la Apucv. Además, entre la APUCV (CEAPUCV) y el IPP-UCV, no existe, a la luz de lo anteriormente expuesto, ninguna vinculación. De allí que a momentos actúan en relación con socios y en otras con agremiados. Además, siempre en la perspectiva liberal, se habla de la toma de decisiones con base en un «tecnicismo político», que debe tomar en cuenta «El momento político de la política social, el cual puede ser demagógico; y, el momento técnico de la política social». A todas luces prevalece un criterio totalmente contrario a otras perspectivas de la política social. Seguramente les parecerá que la política social en Canadá es propia de comunistas. La de Francia, España, Italia, entre otras, propias del socialismo. La nuestra luce al menos demagógica. El asunto es que nuestro salario se va en pagar nuestra seguridad social. Vaya logro gremial. La directiva, llegadas nuestras instituciones a una situación de crisis, tiene un conflicto de intereses. En vez de velar por las reivindicaciones de los profesores, echa manos al fetiche de lo estatuido. Nos demuestra muy bien que la Apucv, menos el IPP, no tiene por qué cubrir el costo que representa el centro educativo. No se pasea por el artículo 114 sino que nos trata como socios. Por ello actúa como parte del Ejecutivo, que busca a toda costa descargar en la gente el costo de la crisis. Seguramente hay diferencias acerca de estos asuntos en la Junta Directiva solo que no se aprecian en las asambleas. No se conocen escritos de algún directivo asumiendo posiciones distintas. Por lo que parecen estar unidos en lo fundamental e incluso en relación con cuestiones subalternas. De no ser así, quisiéramos conocer alguna opinión que evidenciara las diferencias en la directiva, si las hay. Mientras, parece reinar aquello del espíritu de cuerpo que los conduce a defenderse de manera unificada en las asambleas. Estamos en presencia de una crisis de los fundamentos políticos de la Apucv ─en realidad de la junta directiva─ y de las instituciones que maneja como patrón – empresario y como gremio. Lo que supone un gran debate acerca de estos asuntos y de una salida ante la crisis que, a decir de los directivos, es terminal.]]>
Centro de Investigación de la crisis venezolana